Análisis de Coyuntura
El costo del rezago: cuando las carpetas por aborto superan a las de feminicidio en Guanajuato
En diez años, Guanajuato abrió 242 carpetas de investigación por aborto y 174 por feminicidio, mientras las bancadas que frenan la despenalización siguen aplazando su discusión.
Mientras las bancadas que se aferran a frenar la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo siguen buscando formas —y digo nada más formas porque nuevas no son— de aplazar su discusión en el pleno, los datos oficiales hacen evidentes los efectos de este rezago legislativo: en el estado sigue habiendo carpetas de investigación por aborto; aún hay quienes acusan penalmente y quienes reciben esas denuncias, superando a las indagatorias abiertas por feminicidio cuando la entidad ocupa los primeros lugares en asesinato de mujeres en todo el país. Y aunque la legislación de un tema no influye directamente en el otro, es un contraste que, definitivamente, vale la pena analizar: en los últimos 10 años han sido abiertas 242 carpetas por aborto. Frente a ello, fueron registradas 174 por feminicidio; el 5.77 por ciento de las 3 mil 016 mujeres que fueron víctimas de homicidio doloso en el mismo periodo.
Así es. El proceso legislativo en la Sexagésima Sexta Legislatura (y también otras) tiene como característica principal la resistencia sistemática encabezada por los bloques mayoritarios del Partido Acción Nacional (PAN). Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterios de inconstitucionalidad sobre la criminalización absoluta del aborto, quienes aún se persignan mientras oran aquello del respeto a la vida desde su concepción han recurrido de forma constante a la dilación administrativa, retirando dictámenes del orden del día o posponiendo las mesas de votación definitiva, como ocurrió en aquella última comisión de Justicia (agosto 2026) en donde eliminaron ese punto del orden del día, argumentando que las mesas internas para revisar el tema no habían concluido.
Esta estrategia, que se ha venido dando desde los procesos de otras iniciativas con las que también se ha buscado la despenalización del aborto, ha impedido la armonización de los artículos 159, 160 y 162 del Código Penal del Estado, manteniendo vigente un marco que establece penas de prisión a quienes interrumpen un embarazo de manera voluntaria. Es cierto que no hay personas en la cárcel por este motivo. Pero también es cierto que la existencia misma del tipo penal en el Código del Estado representa un mecanismo de persecución latente. Si no fuera el caso, ¿para qué siguen postergando?
El contraste: más carpetas por aborto, menos por feminicidio
Si hacemos cuentas con los datos que quedaron plasmados en el primer párrafo de este texto, tenemos que la diferencia entre el número de expedientes por aborto y feminicidio representa una brecha del 32.69 por ciento. Pero esta diferencia no solo se da al revisar los números absolutos; basta con echarle un ojo a los picos más altos de cada rubro para notar la marcada diferencia. Guanajuato registró su cifra más alta de expedientes por aborto en el cercano año de 2024 con 31 carpetas. En el caso del feminicidio su cifra más alta fue en 2021 con 24 indagatorias.
Al observar el filtro de la tipificación penal del feminicidio, el contraste es contundente: solo un porcentaje mínimo de esos casos, que históricamente oscila entre el 1% y el 2% anual, logra ser investigado bajo el tipo penal de feminicidio, mientras que la gran mayoría de las muertes violentas de mujeres se mantienen bajo la clasificación general de homicidio doloso.
Los estados que se resisten a despenalizar: ¿cuál es el que más expedientes por aborto registra?
En pleno 2026 aún hay 7 entidades que se resisten a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellas, evidentemente, Guanajuato, que ocupa el segundo lugar en el número de investigaciones por aborto, solo por debajo de Nuevo León, que registra 18 en el primer semestre de 2026.
Aquí la lista completa de estados sin despenalizar y las carpetas de investigación por aborto que han abierto:
- Nuevo León: 18 carpetas
- Guanajuato: 14 carpetas
- Tamaulipas: 8 carpetas
- Querétaro: 5 carpetas
- Morelos: 4 carpetas
- Sonora: 3 carpetas
- Durango: 2 carpetas
En el contexto nacional, son 24 estados los que han dejado atrás la criminalización absoluta para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. A continuación, se enlistan las entidades que ya han modificado su marco normativo a favor de este derecho: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
La persistencia de la criminalización del aborto en siete entidades federativas (con Nuevo León y Guanajuato a la cabeza en el volumen de carpetas de investigación) evidencia una profunda asimetría institucional frente a las tendencias nacionales de reconocimiento de derechos reproductivos. Mientras los órganos de procuración de justicia registran expedientes por la interrupción del embarazo, la crisis de violencia letal contra las mujeres y el rezago en la tipificación efectiva de los feminicidios, en Guanajuato, deja al descubierto los vacíos estructurales que aún prevalecen en el sistema de justicia del país.
