Desde la concepción hasta la injusticia: la batalla del PAN contra la despenalización del aborto en Guanajuato

El blindaje legislativo del PAN contra el aborto no es nuevo. Se cumplió el plazo establecido por la Corte para que, desde el Congreso del Estado de Guanajuato, despenalicen. Esto sucede poco más de diecinueve años después de que, el entonces Distrito Federal, se convirtiera en la primera demarcación en «legalizarlo» y de que el panismo en la entidad, entonces gobernada por Juan Manuel Oliva, colocara una de sus placas más fuertes en el chaleco antiaborto: la iniciativa de reforma para reconocer como persona a todo ser, desde su concepción. Pero, también, 16 años después de los casos de aborto espontáneo que pusieron a Guanajuato en el reflector nacional: nueve mujeres LIBRES.

25 de abril de 2007. Periódicos como Reforma publicaban en su portada: «Legalizan el aborto en el DF; fija la ley plazo de 12 semanas». Ni tardos, ni perezosos; los panistas y la iglesia católica fueron los primeros en reaccionar. Los diputados blanquiazules en Guanajuato, propusieron reformar el artículo primero de la Constitución Política local para blindar su ideología. Esto se concretó dos años después, el 26 de mayo de 2009, y ahora el párrafo tercero dice: «persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural».

En aquel entonces la criminalización no sólo perjudicaba a quienes hubieran decidido interrumpir un embarazo (de hecho y con base en datos del Centro Las Libres, de 2000 a 2008 fueron encarceladas 168 personas gestantes que decidieron abortar). En Guanajuato había mujeres cumpliendo largas condenas por haber padecido abortos espontáneos; es decir, involuntarios. Para cuando el PAN metió esa reforma, algunas de ellas ya tenían algunos años en prisión. Fueron casos que quedaron perdidos entre las páginas de los periódicos locales que no dimensionaron la gravedad de historias que fueron publicadas con encabezados como: «detienen a madre por dar muerte a su hijo».

Abortos espontáneos, motivo de cárcel en Guanajuato

Relatos documentados por Centro Las Libres, con base en expedientes judiciales.

Ofelia Segura Frías tenía 34 años, analfabeta, madre de tres hijos concebidos por violación. Un vecino la violaba sistemáticamente en las madrugadas. Cuando quedó embarazada por cuarta vez (también por violación), continuaba trabajando en el rastrojo. Un día sintió dolores abdominales y expulsó un aborto espontáneo de aproximadamente 20 semanas. Desorientada, no supo cómo proceder. Lo que sucedió después: el sistema judicial transformó su tragedia en crimen. Un niño encontró los restos; su padre avisó a las autoridades. En la denuncia policial, desaparecieron las violaciones. En los interrogatorios, sus palabras fueron tergiversadas. Lo que era abuso sexual sistemático fue reinterpretado como infanticidio. El 22 de marzo fue detenida, acusada de homicidio en razón de parentesco.

Susana, de veinte años, experimentó un aborto espontáneo la madrugada del 7 de febrero de 2004. No reconoció lo que sucedía en su cuerpo. Dos días después fue llevada a un centro de salud. Allí, una trabajadora social realizó una llamada a las autoridades. Lo que sucedió después revela la maquinaria punitiva: le pidieron que firmara «un papel en blanco». Cuando Susana leyó el documento redactado, su firma sellaba su declaración como culpable de un crimen que no cometió. Los peritos dictaminaron «asfixia por confinamiento». Homicidio en razón de parentesco. Se diagnosticó discapacidad intelectual. Nada cambió. El 30 de noviembre de 2004 fue condenada a 25 años de prisión por un aborto involuntario.

Libres, pero no descriminalizadas

Esos son solo dos de nueve casos. Nueve mujeres que fueron condenadas hasta por 30 años, acusadas por homicidio en razón de parentesco, cuya pena máxima era de 35 años. Todos fueron abortos espontáneos que, aunque pasaron casi desapercibidos por los medios de comunicación de los años en que fue registrada cada historia, llegaron a ojos del Centro Las Libres, que hasta la fecha es dirigido por Verónica Cruz. Ella y su equipo de trabajo visibilizaron a cada una de las acusadas. Pero también iniciaron una lucha que vio sus frutos hace 16 años.

La mayoría de las acusadas eran personas de escasos recursos, algunas de ellas fueron víctimas de violación e incluso había un caso en que la persona no se había dado cuenta de su embarazo, según narró en su momento. La noticia llegó a los ojos de la prensa nacional e internacional y comenzó la presión social. Con el acompañamiento del Centro Las Libres, las historias cambiaron su desenlace.

El 20 de agosto de 2010, Juan Manuel Oliva, gobernador de Guanajuato, envió una iniciativa al Congreso local, para reformar el Código Penal del estado y disminuir las penas por homicidio en razón de parentesco. Para el día 31 de agosto de ese mismo año, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la iniciativa de reforma para que el castigo máximo por homicidio en razón de parentesco pasara de 35 a 8 años de prisión. Para ese entonces, todas ellas ya habían cumplido la nueva pena máxima. Las dejaron salir. Pero las autoridades no reconocieron su inocencia.

La resistencia panista

La icónica historia que acabamos de repasar, es un ejemplo de hasta dónde llegan los principios de doctrina del PAN llevados a la política pública. Condenar mujeres que abortaron sin saber lo que ocurría, sin recursos y con pocas o nulas herramientas para enfrentar a la injusticia. Hoy no hay mujeres encarceladas por aborto en Guanajuato, pero el Código Penal aún no deroga los artículos que consideran a la interrupción voluntaria del embarazo un delito y el artículo primero de la Constitución Política local, sigue intacto. En pleno 2026 van 14 carpetas de investigación abiertas y 242 acumuladas en 10 años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró: criminalizar el aborto es inconstitucional. Los números y las leyes internacionales estaban claros. El Congreso del Estado tenía plazos para reformar el Código Penal. No lo hizo. La mayoría legislativa local dejó vencer los plazos. Las disposiciones punitivas siguen ahí, criminalizando lo que la Corte ya había dicho que no se podía criminalizar. Así que el asunto regresó a la SCJN. Ahora se espera una declaratoria general que invalide, de forma definitiva, los artículos que condenan la interrupción del embarazo en la entidad. Esperemos porque hay tres iniciativas (de MC y Morena) que siguen en la congeladora por la maniobra panista de dilación.