Policías que torturan, roban y dejan morir: 35 casos acreditados por la Prodheg

Una adolescente detenida sin causa aparente. Dos menores en separos municipales durante horas, sin notificación a sus familias. Un hombre golpeado, frente a su esposa, por agentes de Investigación Criminal. Una persona que murió en custodia policial porque nadie solicitó ayuda médica. En lo que va de 2026, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha acreditado 35 casos de agresión policial en 14 municipios.

Estos expedientes revelan cómo la violencia policial se da, en algunos casos, de manera sistemática. Estas resoluciones exhiben patrones de tortura, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y negligencia letal. Cada caso ha sido investigado, documentado, verificado y reconoce la existencia de esta brutalidad. Cada uno identifica a los servidores públicos responsables que no obedecen a un mismo uniforme: hay municipales, ministeriales y hasta de las fuerzas estatales.

León, el caso más crítico

No figura en ninguno de los expedientes que fueron materia para esta pieza, porque se trata de casos ya acreditados. Pero se tiene que mencionar el ejemplo más reciente y que podría evidenciar el proceder sistemático de los elementos, cuando son los mandos quienes eligen la violencia para hacer su trabajo. Óscar Mario Nava Quevedo, director operativo de la Policía Municipal de León, fue separado de su cargo, mientras se investiga su presunta responsabilidad en un caso de agresiones contra una mujer, dentro del domicilio de la víctima. En el video que ya ha circulado en redes, se aprecia al elemento que la abofetea mientras la sujeta del cuello con evidente fuerza. Este ha sido uno de los sucesos recientes que traen de vuelta el debate sobre la violencia policial.

En la ciudad más grande del estado van 15 resoluciones que acreditan agresiones sistemáticas. La policía municipal se lleva prácticamente todas. Pero también hay casos documentados con participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado. Como el que se detalla en el expediente 1891/2023: un hombre fue detenido por portar una bolsa sospechosa. Durante la detención, le cubrieron el rostro con una prenda y lo golpearon en costillas, estómago y cabeza con puños cerrados. Su esposa lo presenció todo.

En 2024 policías municipales de León detuvieron a un hombre sin orden de aprehensión válida. Durante la detención lo golpearon, le profirieron amenazas de muerte, y le robaron dinero en efectivo. Prodheg documentó: agresión física con lesiones registradas, amenazas explícitas («te voy a desaparecer»), y robo de aproximadamente $850 pesos que nunca fue devuelto. Los policías no solo abusaron de su autoridad, también cometieron delitos.

Policías municipales y Agentes de Investigación Criminal, los más señalados

Los Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Estatal suman 12 expedientes más. En total, catorce municipios de Guanajuato han generado expedientes de violación a derechos humanos en menos de tres años. Las prácticas documentadas incluyen detenciones que duran días sin orden judicial, allanamientos a hogares sin autorización de jueces, golpizas registradas en expedientes médicos, robo de pertenencias durante arrestos, menores retenidos sin notificación a tutores, y una muerte por omisión de atención médica. Según la clasificación internacional de delitos, estas acciones constituyen tortura.

Aquí otro ejemplo de cómo los elementos de instituciones estatales también ejercen la violencia en varias de sus formas: agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo ilegal en Irapuato sin presentar orden válida. Ingresaron violentamente, rompieron puertas y muebles del hogar. Menores de edad estaban presentes en la vivienda y fueron asustados por la irrupción. Los AIC no encontraron evidencia de delito alguno. Nunca explicaron el fundamento legal de su acción ni justificaron por qué allanaron ese domicilio específico. La Prodheg acreditó violación comprobada: allanamiento de morada ilegal, daño a propiedad privada, y violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Año 2025. Un adolescente fue detenido en San Felipe y puesto a disposición de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Horas después, mientras permanecía en custodia, comenzó a presentar síntomas graves de malestar. El policía encargado de la vigilancia observó su deterioro. El médico responsable también fue testigo del estado del menor. Ninguno de los dos solicitó atención médica de emergencia. El adolescente murió en el separo municipal mientras las autoridades que tenían la obligación legal de proteger su vida permanecieron inactivas. No hubo negligencia accidental: fue omisión sistemática. La Procuraduría investigó y lo acreditó.

El debate sobre la falta de «dientes»

Las recomendaciones de la Prodheg revelan un patrón inquietante: la ombudsman estatal acredita las violaciones, pero sus recomendaciones carecen de dientes. La Procuraduría identifica responsables por nombre pero después sus identidades se omiten «por seguridad pública». Acredita tortura pero recomienda «capacitación». La institución existe, investiga, documenta... pero el sistema permite que la violencia se repita porque la institución no tiene facultades más allá de lo ya expuesto.

A continuación las recomendaciones de los casos narrados. Pero el patrón es casi el mismo en los 35 expedientes revisados en esta mesa:

Treinta y cinco expedientes, catorce municipios. Casos de violencia documentada y acreditada por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Las recomendaciones de la Prodheg existen en archivos públicos, las violaciones están verificadas, los responsables están identificados en resoluciones oficiales. Pero hoy, mientras lees esto, no sabemos si algo cambió; no hay seguimiento público que demuestre si esas recomendaciones se cumplieron. Eso es lo que revela el verdadero patrón: no es solo que las recomendaciones carezcan de dientes, es: ¿qué pasa con esas resoluciones?