Del vacío de información a las cifras del INEGI: las dimensiones del desplazamiento forzado en Guanajuato

Así sucedió con la desaparición de personas. Un fenómeno que, al menos en Guanajuato, se negaba y que con el paso del tiempo los números y los testimonios fueron revirtiendo la ‘verdad’ oficial. Pese a la inexistencia de una Ley General Sobre Desplazamiento Forzado, hoy ya se puede tener una estimación a través de los resultados de la Encuesta Intercensal del INEGI más recientes.

Si bien el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ya venía advirtiendo y dimensionando el fenómeno a través de modelos demográficos indirectos y proyecciones basadas en encuestas previas, la magnitud del éxodo operaba bajo estimaciones macro (en el último reporte hablaban de más de 6 mil personas) que rara vez aterrizaban en el mapa municipal. Se sabía de familias que de la noche a la mañana abandonaban sus hogares, pero el fenómeno carecía de un retrato censal con más precisión.

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) incorporó, por primera vez, una medición directa sobre desplazamiento forzado interno. Los números confirman la advertencia institucional: entre octubre de 2020 y octubre de 2025, el 1.43% de los hogares en Guanajuato debió cambiar de residencia debido a la inseguridad delictiva o la violencia. De lejos parece una cifra menor, pero no lo es. Este dato supera el promedio nacional de 1.28 por ciento.

La cifra estatal supera el promedio nacional, de 1.28%, y expone una geografía del despojo que no se refleja por igual en todos los municipios: el corredor industrial y las ciudades con mayor presión criminal concentran los porcentajes más altos de familias que tuvieron que dejar su municipio para mudarse a otro dentro del mismo estado o en otra parte del país.

El desplazamiento por municipio

Siendo la ciudad más grande, León encabeza la estadística estatal: el 2.41 por ciento de los hogares tuvo al menos un integrante que debió desplazarse por motivos de inseguridad. Estos datos corresponden a los últimos 5 años, según lo revela la metodología de la Intercensal del INEGI. Después está Pueblo Nuevo con un porcentaje de 2.11, Santiago Maravatío con 1.86 por ciento, Salamanca con 1.84 por ciento. En el extremo opuesto, municipios como Xichú con 0.15%, Romita con 0.31%, Doctor Mora con 0.36% y Jerécuaro con 0.41%, registran las proporciones más bajas de hogares desplazados por causas criminales.

¿Es suficiente?

La estadística del INEGI rompe décadas de falta de reconocimiento pleno por parte de las autoridades, validando la necesidad de contar con ayuda humanitaria y reparación del daño. Sin embargo, hay limitaciones estadísticas que aún alejan a estos datos de acercarse a la problemática real, toda vez que al levantarse exclusivamente en viviendas particulares habitadas, el instrumento omite casas abandonadas en donde no hay quien dé cuenta del motivo de la huida.

A la par, y desde antes de la publicación de estos datos, activistas y organizaciones de la sociedad civil han puesto sobre la mesa la exigencia y necesidad de contar con una Ley General Sobre Desplazamiento Forzado que, hoy en día, no existe en el estado de Guanajuato.