La «medalla» penitenciaria de Guanajuato opacada por expedientes de tortura

La «medallita» es una cosa y los expedientes de queja ante Derechos Humanos son otra. El Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ubica a Guanajuato en el segundo lugar nacional, con un promedio de 7.0. Pero este indicador coexiste con otra realidad no tan aplaudible: la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato acreditó 10 casos de violaciones a los derechos humanos al interior de Centros Penitenciarios en, al menos, 7 municipios. El de León es el único reprobado y el que registra uno de los casos más graves reconocidos en 2025, el mismo año al que corresponde el DNSP.

Al desglosar las calificaciones de la CNDH, el sistema muestra fortalezas operativas y áreas de estabilidad en la mayoría de los centros de reinserción social, menos el Centro Federal de Readaptación Social Núm. 12 y, como ya se dijo, el estatal ubicado en León.

Aquí las calificaciones de los que sí obtuvieron calificación aprobatoria:

El Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Valle de Santiago encabeza la lista con la calificación más alta de la entidad: 7.30.

Le siguen de cerca el Cereso de San Felipe (7.27), el Centro de Prevención Social de Irapuato (7.14), y el Cereso de San Miguel de Allende (7.05).

En un rango intermedio aprobatorio se ubican centros como los de Celaya (6.74) y Acámbaro (6.48), junto con el resto de los espacios evaluados que rondan la media estatal.

El punto de quiebre: la excepción de León y los expedientes de la Prodheg

El contrapeso más severo del sistema se encuentra en el Centro de Reinserción Social de León, el cual rompe con la tendencia general al convertirse en el único penal estatal reprobado en la entidad, con una calificación de 5.24. Las observaciones de la CNDH en este centro ya advertían deficiencias operativas crónicas: fallas en los procedimientos de sanciones disciplinarias, escasez de personal de seguridad, falta de capacitación continua y la presencia de actividades ilícitas. De las 10 recomendaciones, emitidas en 2025 por la Prodheg, 3 son de este centro.

Caso 1 / Expediente 008/2025: tortura y amenaza de muerte

Madrugada del primero de agosto de 2024. Un operativo extraordinario sacudió la rutina del dormitorio 3: entre 60 y 80 guardias de seguridad (algunos con el rostro cubierto y llegados de otros centros) ingresaron por la fuerza para extraer a unas 24 personas privadas de la libertad. Testigos documentaron que los internos fueron llevados a un taller, hincados y sometidos a golpes en la cara y el cuerpo con los puños cerrados, además de recibir descargas eléctricas en la espalda con dispositivos conocidos como «chicharras». También hubo agresiones con alambres, cadenas, toletes y piblas. Antes de retirarse, los mandos advirtieron que matarían a quien se atreviera a denunciar ante organismos de derechos humanos, un castigo que se complementó con una semana entera de retención colectiva de colchones y ropa de cama en todo el dormitorio.

Caso 2 / Expediente 0244/2023: exigen desnudez total

Una persona privada de la libertad fue obligada a desnudarse completamente durante una revisión corporal sin justificación legal. Pero no se trata de un caso aislado. De acuerdo con el testimonio vertido en el expediente, testigos en el CEPRERESO León declararon ser ordenados regularmente a «desnudarse, incluida la ropa interior» y confirmar que personal penitenciario realizaba «revisiones exhaustivas» sin ropa como procedimiento estándar, violando el Artículo 61 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece que requisas íntimas solo deben ocurrir cuando otros métodos detectan contrabando.

Caso 3 / Expediente 0116/2024: golpes y cobro de uniforme

También fue registrado en León, en el año 2024. Una persona privada de la libertad denunció que personal penitenciario le pidió dinero para darle tenis del uniforme; le negaron permiso para estudiar una licenciatura; durante revisiones le quitaron pertenencias, indagaron en documentos personales, lo desnudaron y golpearon. El expediente documenta omisiones en registros posteriores a las requisas y sustracción de pertenencias sin documentación apropiada.

Así, el sistema penitenciario de Guanajuato refleja una radiografía compleja donde los promedios no ocultan las realidades. Lejos de ser una contradicción, el propio diagnóstico de la CNDH y los expedientes locales confluyen en un mismo punto: mientras la red estatal sostiene estabilidad en la mayoría de sus centros, el de León concentra los rezagos institucionales y las violaciones a los derechos humanos que marcan los verdaderos límites de la reinserción social.