Cuando el servidor público comete el delito; 165 denuncias penales contra funcionarios en Guanajuato

El examen de la conducta de la autoridad en Guanajuato no se agota en la vía administrativa de las recomendaciones en derechos humanos. Entre enero y septiembre de 2026, la vía penal ha abierto un frente numérico claro: 165 carpetas de investigación han sido iniciadas ante la Fiscalía General del Estado por la presunta comisión de delitos cometidos por personas servidoras públicas y por el delito de tortura, según constata el registro de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El desglose estadístico revela que 152 de estos expedientes corresponden al tipo penal genérico de delitos cometidos por personas servidoras públicas, mientras que 13 corresponden formalmente a investigaciones por tortura. A diferencia de otros delitos, la tortura no es una conducta que cualquier ciudadano pueda cometer de manera aislada ante la ley. Tanto la Ley General en la materia como el Código Penal del Estado de Guanajuato establecen que este delito requiere la participación directa de quien ejerce un cargo público, o bien de un particular que actúe con su autorización o complicidad. Por ello, la sola apertura de estas 13 causas penales implica la imputación directa de violencia estatal grave.

El Corredor Industrial del estado se sostiene como el epicentro de esta persecución penal. Celaya encabeza la entidad en el número acumulado de investigaciones por delitos cometidos por personas servidoras públicas, con un total de 35 carpetas iniciadas en los primeros nueve meses del año. Le sigue León, la ciudad más poblada del estado, con 26 expedientes abiertos por la misma tipificación. En un segundo bloque de incidencia se posicionan San Miguel de Allende, con 11 casos; Irapuato, con 8; y Silao de la Victoria junto con Salvatierra, ambos con 7 expedientes registrados.

En el rubro específico de tortura, la distribución geográfica muestra una concentración severa en municipios donde las corporaciones de seguridad han enfrentado procesos de reestructuración o intervención ministerial. Salamanca e Irapuato encabezan la estadística estatal al registrar 4 carpetas de investigación cada uno. Celaya acumula 2 casos adicionales, mientras que Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide y San Miguel de Allende suman un expediente formal por este delito cada uno.

Esta acumulación de denuncias penales encuentra un antecedente directo en el terreno de las sanciones administrativas y la documentación de derechos humanos. Durante el mismo periodo de 2026, los expedientes de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato han acreditado al menos 35 resoluciones por agresiones, abusos de fuerza, detenciones arbitrarias y tratos crueles cometidos por elementos de policías municipales y de la Agencia de Investigación Criminal en 14 municipios.

Sin embargo, el tránsito de la queja administrativa a la carpeta penal marca una distancia sustancial en la gravedad del señalamiento. Mientras que la resolución emitida por la Prodheg concluye en un exhorto o sanción disciplinaria para el elemento involucrado, el expediente abierto ante el Ministerio Público ubica el actuar del agente en el terreno de la responsabilidad criminal.