Morir al volante: la inseguridad en carreteras que el paro nacional busca visibilizar en el Bajío

El paro nacional del autotransporte de carga no solo responde a exigencias de infraestructura, sino a una crisis de seguridad que ya le ha costado la vida a quienes conducen en las carreteras del país. En Guanajuato, las pérdidas humanas reportadas directamente por el sector dan un panorama de la problemática que se diluye entre tramos carreteros y jurisdicciones.

En entrevista con medios de comunicación que se dieron cita en el tramo en León del paro nacional, Leopoldo José Chow Meza, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) en esta ciudad, dijo que, en lo que va del año, se tiene registro del asesinato de seis operadores de transporte de carga en Guanajuato, víctimas de ataques armados durante sus recorridos por los corredores logísticos de la entidad.

Los casos reportados por la FGE

Al revisar la base de datos oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte a septiembre de 2026 se tiene registro de 10 carpetas de investigación bajo el delito de Robo a transportista, en lo que va del año.

El desglose de estos datos muestra que los casos se concentran en pocos puntos, encabezados por Salamanca con 5 carpetas de investigación, mientras que Comonfort, Pénjamo, San Felipe, San Miguel de Allende y Santa Cruz de Juventino Rosas registran una carpeta cada uno.

En contraste, municipios con alta densidad industrial y de tránsito pesado como León, Celaya, Irapuato y Silao de la Victoria registran cero carpetas en lo que va de 2026 bajo esa clasificación específica del fuero común. En años anteriores, el comportamiento de este indicador estatal se mantuvo en niveles similares, cerrando 2024 con 11 casos y 2025 con 19.

¿Por qué la cifra parece tan baja?

La brecha entre la problemática reportada por la CANACAR y los reportes de las autoridades locales no implica la falsedad de ninguna de las fuentes, sino que evidencia las limitaciones del propio sistema de registro y la división de competencias.

En primer lugar, existe una diferencia de origen entre los atentados mortales y los delitos patrimoniales, ya que el rubro de Robo a transportista en el SESNSP está diseñado para medir únicamente la sustracción o despojo de unidades y mercancías; cuando un ataque armado deriva en la muerte del conductor, la fiscalía abre una investigación por Homicidio doloso, separando el hecho del conteo patrimonial.

A esto se suma el factor de la jurisdicción federal, dado que gran parte de las agresiones y atracos reportados por los choferes ocurren en vías de conectividad nacional, como las autopistas 45, 45D, 57 o el Arco Norte, las cuales al ser Vías Generales de Comunicación corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR) y no figuran en los conteos estatales ni municipales.

Finalmente, influye la reclasificación en el fuero común, donde es recurrente que al presentar denuncias locales la pérdida de un camión o flete se catalogue técnicamente bajo los tipos penales de Robo de vehículo de 4 ruedas o Robo a negocio, lo que diluye el registro específico del gremio.

Mientras las estadísticas oficiales se fragmentan entre fueros, códigos penales y municipios con el indicador en cero, el dato de los seis transportistas asesinados expuesto por la CANACAR revela el riesgo que enfrentan los operadores al volante.