A la espera de la Corte: el Congreso de Guanajuato frena el aborto y aguarda la declaratoria federal

Entre la negación del desacato y la súplica hacia la Corte. Así se vivió una jornada más en el Congreso de Guanajuato, donde las propuestas para despenalizar la interrupción del embarazo ni siquiera alcanzaron el trámite de llegar al pleno para su discusión. Pero ante la negativa sistemática de abrir la puerta al debate sobre el aborto en el estado, la contienda legislativa dio paso a un grito inevitable que ya no mira hacia las curules locales, sino hacia los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que ya se sabía: el debate no sucedió dentro del orden del día porque, una semana antes, el Grupo Parlamentario del PAN evitó que las tres iniciativas, que buscan despenalizar el aborto voluntario en el estado, fueran dictaminadas. Un grupo de personas feministas presenciaba la primera sesión ordinaria del Congreso Local desde temprano. Pero el tema fue abordado en el apartado de asuntos generales: lo inscribieron Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena.

El reloj marcaba las tres de la tarde. Pero en el calendario ya no quedaba ningún día, tras el plazo emitido por la Corte para que, los diputados por Guanajuato, derogaran los artículos punitivos del Código Penal del Estado de Guanajuato contra las personas gestantes que decidan interrumpir su embarazo. La primera en tomar la palabra fue María Eugenia Oliveros, del Grupo Parlamentario de Morena. Ella reprochó a sus compañeros panistas la falta de voluntad para concluir el trámite de las propuestas, aunque fuese bien sabido en qué sentido hubiese ido el voto de los blanquiazules.

El siguiente asunto general hizo referencia al ataque en que tres elementos estatales de seguridad fueron privados de la vida en Comonfort. Después, la despenalización del aborto volvió a tribuna. Con un marcador en ceros para hacer alusión al plazo de la Corte, Sandra Pedroza, diputada por Movimiento Ciudadano, cuestionó la defensa por la vida a la que alude el PAN cuando se habla de la interrupción voluntaria del embarazo y enlistó algunos indicadores: dijo que, diariamente, una niña de 14 años sigue siendo obligada a convertirse en madre, expuso que Guanajuato es primer lugar nacional en corrupción de menores, también primer lugar homicidio doloso de mujeres y planteó una desproporción que analizamos en esta redacción hace unos días: más investigaciones por aborto que por feminicidio.

¿Y ahora? ¿Qué sigue?

A continuación, el paso a paso. Lo que tendría que suceder una vez que se venció el plazo. De acuerdo con un documento compartido, a esta redacción, por la diputada Sandra Pedroza, así deberían suceder las cosas:

Una vez agotados los 90 días impuestos por la Corte sin que el Congreso de Guanajuato haya adecuado el marco penal, el proceso da un salto hacia la ejecución federal directa:

1. Constatación del desacato y omisión legislativa: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) registra de manera oficial que el Poder Legislativo local desacató el mandato de suprimir las normas consideradas inconstitucionales.
2. Emisión de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI): La Corte formaliza la anulación de los artículos punitivos del ordenamiento legal estatal, aplicando efectos generales y de carácter obligatorio.
3. Certeza jurídica de no punibilidad: Ninguna mujer, persona gestante, ni el personal médico que participe en el procedimiento podrá enfrentar investigaciones, procesos ni sentencias penales en Guanajuato por interrumpir voluntariamente su embarazo.
4. Obligación institucional para el Ejecutivo: Las dependencias de salud del Estado (entre ellas el ISAPEG) quedan jurídicamente obligadas a garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, eliminando cualquier discriminación o traba normativa local.

La súplica a la Corte

Antes de concluir su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano reiteró la advertencia del año pasado en donde señalaba «aquí no termina esta lucha». Eso fue lo que dijo tras el carpetazo del PRI, PAN y PVEM en junio del año pasado y lo dijo nuevamente, pero esta vez urgió a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que declaren ya la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto en el estado de Guanajuato, una de las 8 entidades que se resisten.

Niegan el desacato

También tomó la palabra Isabel Ortiz Mantilla, diputada por Acción Nacional. Quien cuestionó el presunto desacato en el que se encuentra el Poder Legislativo de Guanajuato e incluso lo tildó como un señalamiento grave y apeló a la autonomía de poderes, pidiendo respeto a los límites de cada uno.

Mientras el Congreso de Guanajuato insiste en blindar su postura y rechaza el señalamiento de desacato apelando a la autonomía de poderes, la vía legislativa local se ha agotado por completo. Con las iniciativas bloqueadas en las curules y el plazo de la Corte vencido, el futuro de la interrupción del embarazo en el estado ya no depende de la voluntad política del Legislativo local, sino del inminente pronunciamiento de la Suprema Corte para desarticular la penalización.